Antecedentes

La corrupción es un problema público complejo y destructivo a pesar de los esfuerzos a nivel nacional e internacional para combatirla. En este sentido, las prácticas de este fenómeno si bien son múltiples, una de las más recurrentes, perjudicial y grave es la del delito del soborno.

Entiéndase el soborno como la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de sus obligaciones.

Al respecto, el Banco Mundial estima que cada año se pagan más de un billón de dólares en actos de soborno, con impactos tan adversos que van desde erosionar la política, quebrantar de la justicia, socavar el buen gobierno, obstaculizar el desarrollo, distorsionar la competencia, aminorar los derechos humanos, interferir en el correcto y eficiente funcionamiento de los mercados, afectar la moral de los empleados al interior de una organización, disminuir la calidad de los productos y servicios, destruir la confianza en las instituciones, contribuir a la generación de pobreza, hasta conducir a la pérdida de vidas.

La práctica del soborno es común tanto en organizaciones públicas como privadas alrededor del mundo. Este fenómeno ocurre en todos los niveles de desarrollo económico y social, y en consecuencia se encuentra presente en todos los países. Por ello, numerosos gobiernos han tomado medidas para abordar el problema por medio de leyes nacionales, así como con acuerdos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

En este contexto, la norma internacional ISO 37001:2016 instituye una serie de requisitos que incorporan buenas prácticas antisoborno de reconocimiento global. Se basa en las directrices de distintas organizaciones como la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Transparencia Internacional y diversos gobiernos que representan un consenso global sobre las principales prácticas anticorrupción.

La ISO 37001:2016 es una norma certificable que fue aprobada el 15 de octubre de 2016 y representa un estándar de Sistemas de Gestión Antisoborno. De este modo, comenzó a integrarse en 2014 con la participación de profesionales de más de 30 países y más de 20 en calidad de observadores. Así mismo, especifica una serie de medidas y requisitos a implementar por la organización, con objeto de ayudar tanto a prevenir como a detectar y abordar el soborno, además de brindar información para orientar acerca de su aplicación. Es una herramienta flexible y está diseñada para adecuarse a todo tipo y tamaño de organización, tanto del sector público como del privado o sin fines de lucro, y al tipo de soborno involucrado.

Es importante enfatizar que este estándar otorga ventajas a la organización donde se implemente, dado que facilita la sistematización del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), provee confianza a las y los servidores públicos, a la ciudadanía y otros grupos de interés o partes interesadas en general.

En este sentido, la Norma ISO 37001:2016 al establecer para las organizaciones un Sistema de Gestión Antisoborno, hace sentido con el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), ya que este último tiene por objeto implementar las bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas en el Estado de México y sus Municipios; además de que deberá establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación, transparencia y rendición de cuentas, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Finalmente, con soporte y fundamento en este marco normativo, aunado al artículo 21, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual señala que es atribución de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción (DGPPyRMA), diseñar políticas y programas para la promoción, fomento y difusión de la ética y cultura de la integridad en el servicio público para identificar, evaluar y controlar los riesgos de corrupción; para tal efecto, se presenta el Sistema de Gestión Antisoborno con base en la norma internacional ISO:2016, a fin de dar cumplimiento al marco normativo correspondiente.